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La Calificación

La Califcación

La mayor parte de ordenamientos jurídicos concursales sancionan la insolvencia fraudulenta.
La Ley Concursal establece sanciones para el caso de que se haya generado o agravado el estado de insolvencia por dolo o culpa grave del concursado o de sus representantes legales, en el caso de personas jurídicas, sus administradores o liquidadores4.

Sólo se pasará a analizar esta circunstancia si se abre la fase de liquidación o si el convenio aprobado supone una quita superior a un tercio de los créditos o una espera superior a tres años.
La Ley fija algunos supuestos de culpabilidad que no admiten prueba en contrario tales como la inobservancia de llevar contabilidad, la doble contabilidad, la inexactitud grave en los documentos que acompañan la solicitud de concurso, el alzamiento de bienes o la simulación de una situación
patrimonial ficticia.

Otros supuestos, que admiten prueba en contrario, son: el incumplimiento o retraso en la obligación de solicitar el concurso y la no formulación, falta de auditoría obligatoria, o falta de depósito, de las cuentas anuales de los tres últimos años anteriores a la declaración de concurso.
Los acreedores pueden personarse en el procedimiento y hacer alegaciones respecto la calificación del concurso, y los administradores concursales emiten un “informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso con propuesta de calificación” (art. 169.1)

Después del pertinente traslado al Ministerio Fiscal, puede darse el caso de que tanto éste como los administradores concursales hayan calificado el concurso como fortuito, en cuyo caso se ordena por el Juez el archivo de las actuaciones. En caso contrario, se da audiencia a la concursada y a todos los posibles afectados (los administradores, liquidadores o representantes legales) y a los posibles cómplices.

La sentencia puede calificar el concurso como fortuito o como culpable.

En este último caso, se inhabilitará al concursado o a sus administradores, liquidadores o representantes legales para administrar bienes ajenos, y para administrar y representar a cualquier persona durante un periodo comprendido entre los dos y los quince años.

Además, declarará la pérdida de cualquier derecho que como acreedores tuviesen dichos afectados, o bien cualquier cómplice, y la condena a devolver los bienes o derechos indebidamente recibidos y a indemnizar los daños y perjuicios causados.

Finalmente, si la apertura de la calificación está causada por la de la liquidación, podrá también condenarse a los administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada (no a los eventuales cómplices), o a los que lo hubiesen sido en los dos últimos años anteriores a la declaración de concurso, “a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban de la masa activa” (art. 172.3).

Artículo 164.1 de la Ley concursal: “1. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho.”

El art. 169.1 de la Ley Concursal añade: “… Si propusiera la calificación del concurso como culpable, el informe expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las hayan de ser consideradas cómplices, justificando la causa, así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas anteriores”.