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Guía de Actución de la Empresa

La Insolvencia

La Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio) La Ley Concursal

Artículo 2.2 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal (en adelante L.C.):
Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.
Así, pues, la insolvencia no se define en base a un cierto desbalance, sino por la imposibilidad de atender los pagos.

El Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, establece que si en dicho plazo el deudor
pone en conocimiento del juzgado que ha iniciado negociaciones con sus acreedores para que se adhieran a una propuesta anticipada de convenio, dispondrá de hasta 4 meses más para solicitar el concurso.


La Ley Concursal

El incumplimiento de solicitar el concurso puede acarrear consecuencias graves para los administradores (o liquidadores) de las compañías.

También puede solicitar el concurso cualquier acreedor que pueda acreditar la situación de insolvencia de su deudor, así como la existencia de su crédito, aunque no haya vencido, si bien en caso de que se desestime su solicitud, puede ser condenado a satisfacer las costas.

En caso de que el juez mercantil aprecie de la documentación presentada por el deudor o por el acreedor (en este último caso después de un breve procedimiento de emplazamientos de ambas partes y de otros posibles acreedores y de práctica de pruebas) que el deudor es insolvente, dicta la correspondiente resolución judicial (“auto de declaración del concurso”).

En dicha resolución se indican si las facultades de administración y disposición patrimoniales están suspendidas o tan sólo intervenidas por los “administradores concursales” y se efectúa llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de dichos profesionales, a través del Juzgado, la existencia de sus créditos en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación en el B.O.E. del auto de declaración del concurso.

Los administradores concursales son los profesionales (un abogado y un economista, auditor o titular mercantil) y un acreedor o el profesional designado por él, nombrados por el Juez entre los que figuran en las listas remitidas por sus respectivos colegios.

En empresas con pasivo inferior a 10 millones de Euros y que puedan presentar balance abreviado, puede nombrarse a un solo profesional. En este último caso, los plazos se reducen a la mitad y, por tanto, el plazo de un mes que tiene el acreedor para comunicar su crédito se reduce a quince días.